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En resumen

El proyecto: un aeropuerto para sustituir a Nantes-Atlantique, reservado en los documentos de urbanismo desde los años 1970, declarado de utilidad pública en febrero de 2008.

La movilización: agricultores que se negaron a ceder sus tierras, recursos judiciales, manifestaciones y, después, diez años de ocupación del lugar. Una consulta local dio, sin embargo, un 55 % de votos a favor en 2016.

El desenlace: el 17 de enero de 2018, el primer ministro puso fin al proyecto. No hay ningún texto que lo formalice: el gobierno retira su solicitud de prórroga y la declaración de utilidad pública decae el 8 de febrero.

Este ejemplo es el más conocido, y el más ambiguo. Se cita aquí por lo que muestra sobre el peso de una población que no cede, y por lo que no muestra: el proyecto fue abandonado después de haber ganado ante los tribunales y en las urnas.

El proyecto

El proyecto pretende sustituir al aeropuerto de Nantes-Atlantique y dar servicio a Bretaña y a Países del Loira. Tras un debate público en 2002 y 2003, el decreto de declaración de utilidad pública se publica en febrero de 2008 A-140. Se otorga una concesión en 2010.

La movilización

Duró décadas. Una manifestación sigue al decreto en Nantes en marzo de 2008 A-140. Explotaciones agrícolas se niegan a vender. A partir de 2007-2008, ocupantes sin título se instalan en la zona de urbanización diferida, que rebautizan como «zona a defender»; el informe de mediación de 2017 constata que esta situación se ha perpetuado y ha acrecentado la sensación de impotencia del Estado A-133.

La consulta del 26 de junio de 2016, organizada únicamente en el departamento, da un 55,17 % a favor del traslado con una participación del 51,08 %, sin que el Estado decida darle continuidad A-134. Las decisiones judiciales son favorables al proyecto A-138.

El desenlace

En junio de 2017, el gobierno nombra a tres mediadores. Su informe de diciembre de 2017 considera que tanto el traslado como el reacondicionamiento de Nantes-Atlantique son «razonablemente viables» A-135. No recomienda el abandono.

El 17 de enero de 2018, el primer ministro declara que no se dan las condiciones para llevar a cabo un proyecto convertido en «el aeropuerto de la división», pese a las decisiones judiciales y a la consulta favorables A-138. Ante la Asamblea, afirma haber tomado con conciencia la decisión de ponerle fin, y haber ordenado el desalojo de los ocupantes A-136. No existe ningún acto de abandono: el gobierno retira su solicitud de prórroga de la declaración de utilidad pública, que queda caduca el 8 de febrero de 2018 A-137.

Lo que ocurrió después

En diciembre de 2018, el Estado firma con el departamento un protocolo de retrocesión de la mayor parte de las tierras. El departamento se compromete a firmar arrendamientos agrícolas tanto con los antiguos explotantes como con las personas que llegaron a cultivar durante la lucha y que han regularizado su actividad A-139.

Lo que muestra este ejemplo, y lo que no muestra

Muestra que un proyecto puede tener todos los papeles en regla y aun así no llevarse a cabo. Declaración de utilidad pública, recursos desestimados, consulta ganada: nada bastó una vez que el Estado no estaba dispuesto a construir en contra de los habitantes del lugar.

No muestra un modelo trasladable. La ocupación ilegal de diez años es lo que finalmente decidió al gobierno, y no es ni un método que Pyrénées Bien Commun reivindique, ni una garantía: esa misma ocupación fue desalojada al mes siguiente. La lección útil está en otra parte. El informe de mediación muestra que una alternativa creíble, en este caso el reacondicionamiento de lo existente, da a un gobierno una salida. Sin ella, el abandono no habría tenido forma.

Posición de Pyrénées Bien Commun

La asociación actúa mediante la información, la concertación pública y los recursos. Cita Notre-Dame-des-Landes por el lugar que ocupó allí la alternativa, no por la ocupación del lugar.

Fuentes